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Víctimas de esterilización forzada accederán a reparaciones
Noticias Aliadas
13/11/2015
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Gobierno ordena creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas ocurridas entre 1995 y 2001.

En más de 270,000 calcula la Defensoría del Pueblo el número de mujeres esterilizadas contra su voluntad entre 1995 y el 2001, pero sólo 2,091 han presentado denuncia en el Ministerio Público.

Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), 346,219 mujeres fueron esterilizadas bajo el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, sin embargo se desconoce cuántas de ellas fueron sometidas a esterilización forzada. El objetivo del programa era controlar el crecimiento de la tasa poblacional peruana, particularmente en zonas indígenas y de extrema pobreza.

Aunque las investigaciones se han abierto y cerrado cuatro veces desde 1999, la lucha de las mujeres víctimas de la esterilización forzada ha logrado un triunfo con la aprobación del  Decreto Supremo 006-2015-JUS del Ministerio de Justicia  —en el que también tienen responsabilidades los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud— publicado el 6 de noviembre, que declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori y la creación de un Registro de Víctimas de esta práctica. Acceden además a servicios gratuitos en salud, así como a la defensa pública gratuita y atención en salud mental.

Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco, señaló que la medida “es sólo el inicio de todo lo que venimos reclamando y de lo que nos merecemos. Pondremos especial atención en el cumplimiento de lo que señala la norma, por ello exigimos que se nos tome en cuenta como mujeres organizadas en las comisiones de implementación”.

La representante peruana ante el Parlamento Andino, Hilaria Supa, que ha acompañado a las mujeres víctimas de la esterilización forzada durante 18 años, consideró el decreto como “el inicio de un acto de justicia para miles de mujeres a las que esterilizaron contra su voluntad”.

Cuatro investigaciones
En 1997 recién se tuvo conocimiento de los abusos cometidos por el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria a raíz de las primeras denuncias de Supa y las mujeres de Anta en Cusco. En 1998 muere María Mamérita Mestanza Chávez, quien fue sometida a una esterilización quirúrgica sin su consentimiento y falleció a consecuencia de la operación. Un año después, organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales presentaron una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por el caso de Mestanza.

En el 2003 el Estado peruano reconoció haber violado los derechos de Mestanza a la vida, integridad personal e igualdad ante la ley y aceptó una solución amistosa con los familiares de la víctima que incluía una serie de medidas de reparación, como indemnizaciones económicas para el esposo y los hijos, y el compromiso a realizar “una exhaustiva investigación de los hechos”.

Como parte de ese compromiso, en el 2004 la Fiscalía abrió una investigación que fue cerrada en el 2009 bajo el argumento que no se habían encontrado indicios criminales. En el 2011, luego que la CIDH considerara que estos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y por tanto no prescriben, la Fiscalía ordenó la reapertura de la investigación por el caso de Mestanza y se incluyó a las más de 2,000 mujeres esterilizadas contra su voluntad que al momento han sido identificadas. Sin embargo, la investigación quedó estancada hasta el 2012 cuando la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima emitió una resolución reabriendo el caso.

El 22 de enero del 2014, el fiscal a cargo de la investigación determinó que no existían evidencias de que se tratara de una política ordenada por Fujimori e implementada por sus entonces ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga. A pesar de los cientos de testimonios, el fiscal sólo encontró indicios de delitos cometidos por seis médicos y cerró el caso señalando que las esterilizaciones forzadas no constituyen un crimen de lesa humanidad.

La investigación fue reabierta por cuarta vez en mayo pasado por el Ministerio Público, pero esta vez incluye a Fujimori, quien desde el 2007 cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y a los exministros Yong, Costa Bauer y Aguinaga. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, tiene hasta enero del 2016 para entregar sus resultados y hacer la respectiva denuncia ante el Poder Judicial.

“Existen elementos probatorios para denunciar a Fujimori por este crimen de lesa humanidad, así como a quienes fueron los ministros de Salud que llevaron adelante el plan de esterilización masiva de mujeres humildes”, declaró a la prensa María Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
—Noticias Aliadas.


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