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REPÚBLICA DOMINICANA
Plan contra VIH/SIDA deja de lado enfoque preventivo
Gabriela Read
24/03/2017
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Nueva estrategia se concentra en el diagnóstico a grupos de riesgo y entrega de medicamentos antirretrovirales.

Para el año 2015, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estimaba que en República Dominicana existía una población de al menos 68,000 personas viviendo con VIH. La prevalencia, según datos estadísticos, había estado disminuyendo en los últimos años hasta estabilizarse en un 0.8% —cifra más alta que el promedio de la región, que alcanza el 0.4%— luego de años de un abordaje eminentemente preventivo.

Ese mismo año la estrategia cambió, según explica Leonardo Sánchez, director y activista del colectivo gay Amigos Siempre Amigos, hacia un abordaje más orientado al diagnóstico de la enfermedad, lo que en los próximos años podría disparar la cifra de casos que hasta el momento se calcula en 2,000 nuevas infecciones por año.

En efecto, en abril del 2015, el gobierno lanzó el Plan Estratégico Nacional para la Respuesta a las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y al VIH-SIDA, una herramienta que pretende concentrar sus esfuerzos en los próximos tres años en los grupos que más aportan a la prevalencia de la epidemia: trabajadoras y trabajadores sexuales y población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual), a través de la detección temprana y la provisión de tratamientos antirretrovirales.

Se trata de la estrategia llamada 90/90/90, impulsada desde el 2014 por ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que busca que para el 2020, el 90% de la población con VIH conozca su diagnóstico; el 90% de las personas que viven con el virus reciban los antirretrovirales; y que el 90% de ellos tenga una carga viral indetectable.

Esto, al menos, en el papel. En la práctica, la aplicación de la estrategia se ha encontrado con un país que aún no está preparado para que esta funcione.

“Lo primero es que el país no ha asumido que el VIH es una enfermedad de prioridad nacional. Lo segundo es que la asignación presupuestaria para combatir la enfermedad es todavía menos de un 1% [del presupuesto nacional]”, señala Sánchez a Noticias Aliadas.

Según esta estrategia, “cada persona que se diagnostica con VIH tiene que ser llevada al sistema de salud, esto implica que inmediatamente comenzará a recibir tratamiento antirretroviral”, continúa el activista. “Pero estamos encontrando a muchas personas de todas las edades viviendo con VIH y las estamos enviando a las unidades de atención. Allí se encuentran con la realidad nacional: muchas de estas unidades están saturadas y no están recibiendo pacientes nuevos”.

Fondos insuficientes
En octubre del pasado año, la Red Dominicana de Personas que viven con VIH y SIDA (REDOVIH) denunció que el 30% de las personas VIH positivas estaban en riesgo de quedarse sin recibir el tratamiento antirretroviral de no aumentarse la partida presupuestaria que el Estado destina para el Programa Nacional de Atención Integral de Personas que Viven con VIH/SIDA para el año 2017.

Desde el mismo año en que se lanzó el Plan Estratégico Nacional para la Respuesta a las ITS y al VIH-SIDA, el programa de medicamentos ya operaba con un déficit de US$3.7 millones, de acuerdo con cifras aportadas por Dulce Almonte, presidenta de REDOVIH.

“No es que la estrategia sea mala ni inadecuada, sino que el país no está preparado para que esta estrategia funcione a la perfección”, apunta Sánchez. “Hablamos de la incapacidad en términos económicos, en términos de estructura y en términos de cantidad de profesionales del sistema de salud con la capacidad de medicar y dar seguimiento a una infección por VIH”.

Pero no todo es negativo, considera Nairovi Castillo, coordinadora de la Comunidad de Trans-Travesti Trabajadoras Sexuales Dominicanas (COTRAVETD), que busca dar respuesta a las necesidades de salud, seguridad y aspectos psicosociales del grupo. Para ella fue una ganancia que durante la creación de la nota conceptual del Plan Estratégico Nacional lograran ser separadas de la categoría “hombres que tienen sexo con hombres”, con lo que ahora cuentan con estadísticas específicas sobre la incidencia del VIH en su colectivo y, a partir de ahí, trabajar en el impulso de políticas públicas que les permitan abordar mejor la prevención de la enfermedad entre ellas.

De acuerdo con la Segunda Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Claves del 2012, en el país existe una población de 8,891 personas trans. De esta cifra, COTRAVETD maneja que el 28% están infectadas con VIH, afirmó Castillo a Noticias Aliadas.

La activista considera que en los últimos años el colectivo ha experimentado otras ganancias, aún pequeñas, pero positivas. Por ejemplo, lograr ser tratadas con respeto en el sistema de salud, cuando las trabajadoras sexuales trans infectadas por VIH acuden en busca de atenciones sanitarias.

“Los casos de discriminación han bajado un poco en los centros de salud. Muchos hospitales ya saben que en el país existe una organización que defiende a las personas trans. A mí me miran como una ‘peleona’, saben que voy a ir a la televisión a demandar respeto”, apunta con orgullo.

También señala que la estrecha relación de las organizaciones con organismos financiadores con incidencia en el Ministerio de Salud Pública, ha contribuido con estas mejorías, al demandar del sistema un trato respetuoso para ellas y capacitar al personal sanitario.

“Ellos tienen potestad de reunirse con la ministra de Salud, de mandar cartas y decir: miren, estas personas están pidiendo esto”, dijo.

Sujetos de derecho
Bignatisis Vásquez, promotora y educadora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), que agrupa a más de 2,000 trabajadoras sexuales en todo el país, concuerda con Castillo.

Aunque admite que siguen produciéndose casos de discriminación y estigma en el sistema sanitario, considera que son casos cada vez más aislados, gracias al trabajo que han venido realizando las organizaciones que brindan apoyo a estos grupos en situación de vulnerabilidad y al empoderamiento de sus integrantes, que ahora se reconocen como sujetos de derecho.

Desde su trabajo, lo que más le preocupa es el acceso a los medicamentos y la discriminación en otros espacios tales como lo laboral. Y en este sentido, habla tanto desde su propia experiencia como la de sus compañeras.

Cuando se retiró del trabajo sexual, intentó emplearse en una zona franca. Pero, según dice, le aplicaron pruebas para detectar el VIH y fue rechazada. Aunque este tipo de prácticas está penado por la ley, la mayoría de las empresas practican pruebas de laboratorio encubiertas antes de realizar una contratación.

Esto impide a muchas personas, entre ellas las extrabajadoras sexuales infectadas con VIH, que puedan integrarse a la vida laboral, al tiempo que se les dificulta, por las penurias económicas, acceder a medicamentos cuando el propio sistema de salud no puede proveerlos. En República Dominicana, la cobertura de personas recibiendo antirretrovirales apenas alcanza el 58%, según datos de Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.

Pero si estos colectivos hoy celebran la mejoría en el trato en el sistema de salud, esta se deriva de años trabajando a partir del enfoque preventivo en espacios comunitarios y que servía también para hacerlos partícipes de sus derechos.

“Con este nuevo enfoque [la estrategia 90/90/90], la población ha perdido un espacio de prevención y empoderamiento comunitario que las organizaciones de la sociedad civil le brindábamos a través de nuestros programas preventivos que ya no existen más”, lamenta Sánchez.

Por lo pronto, queda esperar que el país logre reajustar el sistema nacional de salud para las nuevas demandas que surgen a partir de la aplicación de este nuevo abordaje. —Noticias Aliadas


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Con enfoque preventivo, organizaciones trans y de trabajadoras sexuales logran ser tratadas con respeto en el sistema de salud. / COTRAVETD
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