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ARGENTINA
Derechos humanos en la encrucijada
Noticias Aliadas
24/05/2017
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Gobierno promulga ley contra fallo de la Corte Suprema que reducía penas a condenados por crímenes de lesa humanidad.

La masiva movilización ciudadana así como la rápida respuesta del Legislativo y del gobierno, pusieron freno a un fallo aprobado el 2 de mayo por la Corte Suprema que declaraba aplicable el beneficio carcelario del 2x1 que alcanzaba a condenados por delitos de lesa humanidad.

El fallo se basó en la ley 24.390 —que estuvo vigente entre 1994 y el 2001, cuando fue derogada— que permitía computar doblemente a partir del segundo año de detención los días que los acusados pasaban en prisión sin sentencia firme.

La decisión —aprobada por tres magistrados (dos nombrados por el presidente Mauricio Macri) de los cinco jueces supremos— se aplicaba al caso del represor Luis Muiña, quien había sido detenido en el 2007 y condenado en el 2011 a una pena de 13 años por formar parte de un grupo paramilitar que operaba en un centro de detención clandestino conocido como “El Chalet”, dentro del Hospital Posadas, en Buenos Aires.

Junto con Muiña fueron sentenciados los exbrigadieres Reynaldo Bignone e Hipólito Mariani. Bignone, de 89 años, fue el último presidente de facto de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Muiña, que ya gozaba de libertad condicional al momento de darse el fallo, había cumplido la mitad de su condena en diciembre del 2016 considerando los años que permaneció detenido sin sentencia firme.

Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), indicó que “el fallo de la justicia argentina ignora la necesidad de dar una respuesta diferenciada y severa a los crímenes contra la humanidad y las consecuencias que aquella tiene sobre la imposición y la ejecución de las penas. Adicionalmente, la sentencia tampoco valora si la persona que se beneficia con una libertad anticipada ha ofrecido información conducente al esclarecimiento de la verdad individual o histórica, ni considera si ha dado muestras de arrepentimiento que garanticen medidas de reparación y no repetición frente a las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas y la sociedad”.

Nunca Más
Alrededor de medio millón de personas se concentraron en la Plaza de Mayo el 10 de mayo, convocadas por organizaciones de derechos humanos encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.

Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que el 30 de abril cumplió 40 años exigiendo la aparición de sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura militar, repudiaron el fallo de la Corte Suprema al que consideran “un nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas”.

Durante el acto, Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, manifestó que “los genocidas siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Quieren que los represores caminen en la calle junto con nosotras”.

Cortiñas agregó que “todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo identidades falsas”, en alusión a los alrededor de 500 hijos e hijas de detenidas desaparecidas que fueron separados de sus madres, de los cuales se han logrado recuperar 122.

Según Abuelas de Plaza de Mayo “los niños robados como ‘botín de guerra’ fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad”.

“Hemos demostrado, una vez más, que no queremos que los genocidas, los violadores y los asesinos caminen a nuestro lado”, señalaron los organizadores de la movilización en una declaración. “Las organizaciones de derechos humanos y el pueblo decimos Nunca Más”.

Unos 750 represores se encuentran presos sin condena firme, muchos de los cuales solicitaron el beneficio del 2x1 acogiéndose al fallo de la Corte Suprema, pedidos que no fueron acogidos. Alrededor de 30,000 personas fueron detenidas-desaparecidas por la dictadura militar argentina, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

El 12 de mayo, el gobierno promulgó la ley 27.362  —que dos días antes el Senado y la Cámara de Diputados habían sancionado— que establece que “la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”, que fue promulgada el 12 de mayo por el gobierno.

El objetivo de la norma, de sólo tres artículos, es evitar la aplicación del fallo de la Corte Suprema a otros represores condenados por violaciones a los derechos humanos. El artículo segundo precisa que el cómputo de las penas “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, además de señalar que el fallo de la Corte Suprema se apartaba de “los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”, saludó la promulgación de la ley 27.362 y la movilización ciudadana.

“La CIDH celebra que la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La CIDH saluda también a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”, dice el comunicado publicado el 15 de mayo. —Noticias Aliadas.


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