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PUERTO RICO
Mínima participación en referendo no vinculante
Noticias Aliadas
20/06/2017
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Apenas 23% del electorado acudió a votar para decidir sobre independencia, estadidad o mantenerse como estado libre asociado de EEUU.

Unos 500,000 ciudadanos de los 2.2 millones inscritos, votaron el 11 de junio en la consulta no vinculante sobre la situación legal de Puerto Rico. La cédula, que llevaba como título “Plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico”, ofrecía las opciones de Estadidad (convertirse en el estado 51 de EEUU), Libre Asociación/Independencia y Actual Estatus Territorial (Estado Libre Asociado). 

La opción de la estadidad, o anexión, fue elegida por el 97.2% de los electores, según la Comisión Estatal de Elecciones, mientras que la independencia obtuvo 1.5% de los votos y la mantener el estado libre asociado, 1.3%.

El gobernador Ricardo Rosselló, favorable a la estadidad, dijo que los resultados constituyen un llamado a “poner fin a la relación colonial con EEUU”.

“Nos corresponde ahora llevar esos resultados a Washington con la fuerza que representa el cumplimiento de un ejercicio democrático”, precisó.

Aunque Rosselló consideró la votación como un triunfo, para la oposición es una derrota por la baja participación de la ciudadanía.

Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), favorable a mantener el estatus de estado libre asociado, manifestó que los electores “se fueron a la calle, a la playa, al río. No hicieron caso [al llamado a votar]. Perdió la estadidad y Rosselló”.

Para María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista, el plebiscito fue “un estrepitoso fracaso de la opción colonial”.

Esta es la quinta vez que se convoca a una consulta sobre el estatus legal de la isla. Las anteriores se realizaron en 1967, 1993, 1998 y el 2012.

Aunque los medios resaltaron el triunfo de la estadidad, lo cierto es que al haber sido votada por un mínimo de electores y no ser vinculante, podría correr la misma suerte que anteriores consultas en la que se impuso esta opción pero chocó con la indiferencia del Congreso estadounidense, encargado de dar la aprobación final.

Deuda impagable
La votación se produjo pocas semanas después que Rosselló declarara la isla en bancarrota con el fin de reestructurar la deuda que asciende a US$74 millardos y que representa el 70% de su producto interno bruto.

En el 2015 Puerto Rico entró en moratoria al dejar de pagar su deuda. El entonces gobernador Alejandro García Padilla (2013-2017) admitió que “la deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable.  Pero además, el tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción”.

Puerto Rico, al ser estado libre asociado, no posee los mismos beneficios que los otros estados de EEUU como declararse en quiebra que les otorga protección legal frente a sus acreedores y les permite reestructurar sus deudas. No puede tomar decisiones unilaterales, sólo puede usar la marina mercante estadounidense para transportar productos hacia y desde la isla, y tampoco puede establecer relaciones bilaterales con otros países.

El 30 de junio del 2016 fue promulgada por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico, o Ley Promesa (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), que brindaba el marco legal para que la isla lograra responsabilidad fiscal y acceso a mercados de capital.

Sin embargo, no se lograron acuerdos con los acreedores y el 3 de mayo Rosselló apeló al Título III incluido en la Ley Promesa, que permite la reestructuración de la deuda con medidas de protección similares a las que poseen los otros estados de EEUU, como declararse en quiebra, paralizar demandas judiciales y poner en manos de los tribunales las decisiones sobre los pagos.

“Después de amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”, dijo el gobernador.

Actualmente, 45% de los 3.5 millones de habitantes de la isla se encuentran en situación de pobreza y la tasa de desempleo llega a 12%, el doble del promedio de EEUU, a lo que se suma un acelerado éxodo de fuerza calificada hacia otros territorios estadounidenses. —Noticias Aliadas.


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