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PERÚ
Gobierno no reconoce conflictividad social
Noticias Aliadas
26/07/2017
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Debilitamiento de autoridad ambiental y criminalización de la protesta social caracterizaron primer semestre del año.

El número de conflictos sociales en el Perú se redujo en la primera mitad del 2017, pasando de 212 en diciembre del 2016 a 177 a junio de este año, según el 20º informe del Observatorio de Conflictos Mineros, presentado el 19 de julio, que recoge cifras de la Defensoría del Pueblo.

Según José de Echave, responsable del Observatorio de Conflictos Mineros —conformado por las organizaciones no gubernamentales Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides)— hay una tendencia descendente en los conflictos sociales, particularmente desde marzo pasado debido al Niño Costero, fenómeno climático caracterizado por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico que devastó la costa peruana a comienzos de este año.

Sin embargo, señaló De Echave, “existen cambios en la metodología utilizada por la Defensoría del Pueblo para registrar los conflictos sociales”, pero lo cierto es que la reducción de la conflictividad social no se debe a una estrategia del gobierno. La creación en marzo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, instancia encargada del manejo de conflictos sociales, no ha tenido que ver con ese descenso, precisó De Echave.

El titular del viceministerio, el abogado Javier Fernández-Concha, explicó en reunión con la prensa extranjera el 7 de junio que “su función y objetivos no son sólo manejo de los conflictos sociales en etapa de violencia. Tenemos una visión de desarrollo territorial, cuáles son las causas del conflicto y cómo reducirlos antes que llegue a situación de violencia, síntoma de que la sociedad no está entendiéndose”.

El informe del Observatorio, no obstante, considera que Fernández-Concha “ha pretendido deslindar con el enfoque de la Defensoría del Pueblo y los informes sobre conflictos sociales que al parecer siguen incomodando a más de uno. En un acto casi de magia, ha señalado —sin explicar cómo— que en el país hay sólo cinco conflictos sociales y no los 217 que señala la Defensoría del Pueblo. Para él, el conflicto sólo se da ‘cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico’. Agrega que “manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación y que hacerlo es simplemente capitular”.

Este enfoque es un serio retroceso, indica el informe, y lo real es que se confunden categorías como crisis o estallidos sociales con las de conflicto.

“No se puede perder de vista que más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que se debe entender y por supuesto atender, y así encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas’”, dice el documento.

Defensores ambientales en riesgo
También preocupa la criminalización de la protesta social. Mirtha Vásquez, de Grufides, llamó la atención en la presentación del informe sobre el riesgo que enfrentan defensores ambientales.

“Hay violencia contra ellos y riesgo latente de ataques y asesinatos. Ataques por la defensa de su territorio —contra mineras, petroleras, hidroeléctricas—, violencia psicosocial que se utiliza en los medios, redes sociales, caracterizada por la estigmatización, difamación, calificarlos de enemigos del desarrollo. Eso expone a los defensores y el Estado no está respondiendo porque esos ataques son considerados como ‘libertad de expresión’. La falta de respuesta promueve la impunidad; la ley está siendo utilizada para desestructurar al movimiento social”, dijo.

David Velasco, de FEDEPAZ, denunció que el Decreto Legislativo 1095, vigente desde el 2010, permite la intervención de las Fuerzas Armadas en una protesta al considerar “grupo hostil” a los participantes y utilizar armas de fuego.

Instaurar denuncias penales contra líderes sociales y ambientales que duran años es otra estrategia de criminalización de la protesta. En general, dice el informe, “los líderes ambientales siguen siendo fuertemente atacados y se busca permanentemente desprestigiarlos... Hasta el momento no existe un mecanismo eficiente del Estado que pueda responder a los riesgos reales que estas personas enfrentan”.

Otro punto que abordó el informe es la reducción de los Estándares de Calidad Ambiental, supuestamente para favorecer las inversiones de las industrias extractivas, y el retroceso en el proceso de ordenamiento territorial a raíz de los cambios en el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), retirándole la rectoría en el ordenamiento territorial, circunscribiéndolo a sólo ordenamiento ambiental.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, indicó a Noticias Aliadas que el ordenamiento territorial “ya no es competencia de nadie, ha quedado en el aire. Es un debilitamiento de la autoridad ambiental”.

Para De Echave, el gobierno parece no entender que “las bases objetivas que explican los conflictos son multidimensionales: sociales, ambientales, económicas, culturales, laborales. Hay conflictos en situación de latencia que pueden escalar en cualquier momento. Han empezado a aparecer conflictos laborales en el sector minero, por ejemplo. Al estar la economía peruana en recesión, los conflictos por demandas van a aparecer”.
—Noticias Aliadas.


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