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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
27/11/2017
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América Latina y el Caribe, América Central, Argentina, Chile, Guatemala y Honduras.

El 25 de noviembre, miles de mujeres tomaron las calles en América Latina y el Caribe en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2016, la persistente violencia ha costado la vida de 1,831 mujeres en la región, alertó Naciones Unidas en el informe “Del compromiso a la acción: política de erradicación de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, presentado el 15 de noviembre. Asimismo, el estudio señala que 29.8% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas, y 10.7% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. En América Central, 2 de cada 3 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y en 1 de cada 2 casos el asesino es su pareja o expareja, siendo Honduras el país del mundo con la más alta tasa de feminicidios que está por encima de 10 por cada 100,000 habitantes. Las recomendaciones a los gobiernos incluyen la implementación de planes y políticas con enfoque multidimencional, fortalecer acciones de reparación para las víctimas y trabajar con los hombres, particularmente jóvenes, para sumarlos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou fue detenido el 3 de noviembre acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Boudou, persona de confianza de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), fue ministro de Economía entre el 2009 y el 2011 y vicepresidente entre el 2011 y el 2015. De acuerdo con la investigación judicial, Boudou no ha justificado ingresos por US$80,000 en su declaración jurada del 2002 y se han encontrado inconsistencias en los peritajes de 111 declaraciones patrimoniales entre el 2002 y el 2012. Además, está siendo juzgado por presunto delito de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por intentar comprar en el 2010, a través de un testaferro, cuando era ministro de Economía, una imprenta dedicada a la fabricación de documentos públicos y papel moneda. La imprenta fue estatizada tras estallar el escándalo. Fernández, senadora electa, es acusada de presuntamente haber otorgado obras públicas valoradas en $2.2 millardos a un solo empresario en la provincia de Santa Cruz.

Sebastián Piñera, expresidente de Chile (2010-2014) y candidato por la coalición centroderechista Chile Vamos, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el 19 de noviembre con 36.7% de los votos, pero tendrá que competir en una segunda vuelta el 17 de diciembre con Alejandro Guillier, representante de la agrupación oficialista centro izquierdista Nueva Mayoría, quien obtuvo 22.7%. La gran sorpresa fue Beatriz Sánchez, del izquierdista Frente Amplio, quien se ubicó en el tercer lugar con 20.3%. El ultraconservador Antonio Kast quedó en cuarto lugar con 7.9%, seguido por Carolina Goic (5.9%), del Partido Demócrata Cristiano, y Marco Enríquez Ominami (5.7%), del Partido Progresista; los otros dos candidatos no superaron el 0.5%. También fueron elegidos 155 diputados, y 23 de los 38 senadores. En ambas cámaras, Chile Vamos tendrá mayoría. Aunque Piñera es favorito para ganar la segunda vuelta, la suma de los votos de los sectores progresistas podría favorecer a Guillier.

Amnistía Internacional (AI) saludó la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de eliminar la aplicación de la pena de muerte para delitos comunes. El 8 de noviembre entró en vigor el fallo que declaró inconstitucionales varios artículos del Código Penal y de la Ley contra la Narcoactividad que permitían la imposición de la pena de muerte para los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y por la muerte del presidente o vicepresidente de la República. La decisión considera que los artículos violaban el principio de legalidad y el derecho a la vida consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un comunicado, AI señaló que “como consecuencia de esta decisión, a partir de hoy ya no podrá imponerse la pena de muerte por delitos tipificados en las leyes ordinarias de Guatemala; esto constituye un paso adelante para la promoción y protección de los derechos humanos en el país y un importante hito en su camino hacia la abolición”.  La pena de muerte todavía puede imponerse de acuerdo con el Código Militar para varias violaciones a dicha legislación.

El asesinato de Berta Cáceres, la reconocida ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca en Honduras, en marzo del 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca. Según el informe “Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres”, presentado el 1 de noviembre por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre del 2016, el crimen de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de la ambientalista. Actualmente hay ocho personas detenidas por el crimen, quienes habrían recibido US$22,000 por la ejecución. Según el GAIPE, la investigación a cargo del Ministerio Público “ha sido insuficiente e incompleta”, pues “aún falta identificar a la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato”.


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