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PARAGUAY
Golpe de Estado express
Gustavo Torres
12/07/2012
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Oligarquía parlamentaria utilizó herramienta constitucional como coartada para destituir a presidente Fernando Lugo.

El rápido golpe parlamentario ha dejado a Paraguay sin un presidente elegido por el voto popular que, con limitaciones e imperfecciones, estaba impulsando una serie de necesarias reformas. Se trata de un retroceso para la democracia en la región, teniendo en cuenta que Paraguay fue el último eslabón de las dictaduras militares en el continente, por lo que el gran desafío para el país es la profundización de su democracia con mayor inclusión social y ciudadana.

Lo sucedido al final de la tarde del viernes 22 de junio con la destitución del presidente Fernando Lugo, a menos de 14 meses de concluir su mandato de cinco años, demuestra con claridad el abroquelamiento de los partidos políticos de la derecha con representación parlamentaria: Partido Colorado, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Patria Querida y el Partido Democrático Progresista (PDP), para defender el viejo sistema oligárquico y sus privilegios en Paraguay.

Al unísono, la derecha parlamentaria paraguaya se alió a grupos empresariales, particularmente agroexportadores, empresas transnacionales, medios de prensa y la jerarquía de la Iglesia Católica para asestar un duro golpe al sistema democrático paraguayo, que inició su lento proceso en febrero de 1989 tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89). El triunfo de Lugo en el 2008, a la cabeza de una coalición llamada Alianza Patriótica para el Cambio, puso fin a los 61 años en el poder del Partido Colorado. Su compañero de fórmula fue Federico Franco, del PLRA, quien como vicepresidente asumió una actitud opositora al gobierno del que formaba parte, y se lo involucra en los alrededor de 20 intentos de juicio político al presidente Lugo, hasta que finalmente llegó a la primera magistratura de la mano del Parlamento.

Recurriendo a un mecanismo previsto en la Constitución de 1992, pero que no estaba reglamentado, Lugo fue destituido por el Senado en menos de 48 horas, en un juicio político —aprobado por la Cámara de Diputados un día antes— en el que fue acusado de no cumplir con sus obligaciones presidenciales y sin darle la oportunidad de ejercer su defensa.

Los enfrentamientos ocurridos el 15 de junio durante el desalojo de campesinos de la estancia “Campo Morumbí” —propiedad pública usurpada en décadas pasadas por el expresidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme— en el distrito de Curuguaty, en Canindeyú, donde fallecieron seis policías y 11 campesinos, y 80 personas resultaron heridas, fueron la excusa perfecta para concretar la destitución del mandatario a pesar de que no existen pruebas ni indicios de la participación de Lugo y, por el contrario, habría evidencias de la existencia de elementos infiltrados en estos hechos.

“Los parlamentarios —representantes de los grandes capitales antes que de sus bases— recurriendo a artilugios para destituir ilegítimamente al gobierno del presidente Lugo, violaron los más mínimos requerimientos legales para dotar de cierta formalidad a la payasada realizada por ambas cámaras del Parlamento, acompañados por la desfachatez de ministros que hasta hacía días habían sido parte activa del gobierno que destituyeron y al que acusaron de ‘mal desempeño’”, afirmó en un comunicado la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales.


Los “errores” de Lugo
“Aparentemente, fue la masacre de policías y campesinos la causa de todo esto, pero sus verdaderos antecedentes se sitúan mucho antes, y de hecho fue un pretexto montado para destituir a Lugo y establecer un gobierno a la medida de los intereses de los diversos sectores nacionales e internacionales interesados en seguir expoliando a nuestro pueblo, apropiarse de sus riquezas y ocupar un punto estratégico en la región”, declaró a Noticias Aliadas, Mirtha Ayala, exiliada durante la dictadura de Stroessner, durante una de las manifestación contra la destitución del presidente Lugo.

La destitución de Lugo es la expresión del enfrentamiento entre una élite privilegiada históricamente que no está dispuesta a reducir esos privilegios, y los sectores populares cuyos derechos siempre han sido postergados.

El “error” del gobierno de Lugo fue intentar un nuevo modelo de gobernanza con una mayor intervención en los problemas sociales, dar espacio a las organizaciones sociales y populares para que reclamen sus derechos y tener en cuenta sus propuestas, y una política internacional alineada a los gobiernos progresistas de la región.

Las acciones del gobierno Lugo en cuanto a restitución de derechos, están relacionadas con la salud gratuita, el sueldo a los adultos mayores, el programa de transferencia monetaria a las familias más pobres del país, la triplicación de las regalías de la hidroeléctrica Itaipú de US$120 millones a $360 millones.

Otro elemento a considerar es el debate acerca de la recuperación por el Estado de los 8 millones de hectáreas de tierras distribuidas ilegalmente por Stroessner entre sus allegados no sujetos a la reforma agraria y sus sucesores en el Partido Colorado, y que actualmente son utilizadas para el cultivo de soja transgénica.

Tanto el indigenista, lingüista y sacerdote jesuita Bartomeu Meliá, como la politóloga Line Bareiro, coinciden en señalar que detrás del golpe parlamentario están los terratenientes que se rehúsan a una reforma agraria.

De acuerdo con el último Censo Agropecuario, correspondiente al 2008, sólo el 2% de los propietarios concentran el 85.5% de las tierras, a la vez que 300,000 familias campesinas no poseen un solo metro cuadrado de tierra para cultivar. De esta proporción, el 80% de las tierras aptas para la agricultura está en manos del 1% de los propietarios, y sólo el 6% está en manos de pequeños agricultores con menos de 20 Ha de tierra cada uno (alrededor de 260,000 familias en todo el país).

“Hubo claramente un golpe de Estado a partir del Parlamento. La cuestión de fondo son las tierras y el desplazamiento de sus habitantes; se trata esencialmente de los territorios que yo mismo todavía he conocido desde 1969 como territorios indígenas”, señaló Meliá al informativo digital E’a, tras la represión con gases lacrimógenos contra los manifestantes en las plazas cercanas al Congreso, donde estaba participando junto a otros sacerdotes jesuitas.

Para Bareiro, “fue la reacción de los dueños de la tierra y, también, de una censura ideológica muy fuerte. Fue la objeción a la universalización de derechos, con un discurso muy fuerte antiizquierda, en un contexto en que estas fuerzas habían tomado una fuerza inédita en la historia de Paraguay”.

El ataque parlamentario también fue dirigido contra las gestiones de Miguel Lovera al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), que tiene como rol regular el uso de agroquímicos en los cultivos, que frenaron la liberación comercial de otros cultivos transgénicos. No podían poner en peligro los intereses de las grandes corporaciones de los agroneogocios como Cargill y Monsanto, entre otras. El primer guiño de Franco ha sido justamente al sector de los agroexportadores, acción que se refleja en el nombramiento de Jaime Ayala, quien es presidente de la empresa de agroquímicos Pacific Agrosciences, como presidente del SENAVE.

Otro elemento a considerar es la instalación de la industria extractiva y electrointensiva Rio Tinto Alcan, multinacional canadiense, la segunda mayor fundidora de aluminio en el mundo, que sólo en electricidad igualaría a todo el consumo de las fábricas existentes en el país. La empresa pagaría por ese enorme empleo de electricidad menos de lo que cuesta el producirla en la hidroeléctrica de Itaipú, por lo que tendría que ser subsidiada y generaría pocos puestos de trabajo.

Desde su función de vicepresidente, Franco criticaba públicamente la posición de la viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, por su oposición a la instalación de Rio Tinto Alcan.

Apenas asumió el mando, Franco se refirió a la importancia de la instalación de la multinacional, y como señal designó como viceministro de Comercio a Diego Zavala, quien venía trabajando para el Ministerio de Industria y Comercio como consultor del proyecto Rio Tinto Alcan. En su primera declaración como viceministro, Zavala dijo que “es muy probable la instalación de Rio Tinto Alcan”.
De hecho, el nuevo gobierno acelera los trámites para que algunas trasnacionales operen cuanto antes, como Rio Tinto Alcan y las estadunidenses Monsanto y Crescent Global Oil, además de empresas ganaderas y sojeras brasileñas.


Ñomongeta guasu
A Lugo, que pasó de ser un obispo de los pobres a presidente de la República, las circunstancias actuales le reclaman que se ponga nuevamente al frente de su pueblo, comenzando por explicar en todo el país lo que hizo bien y lo que hizo mal durante su gestión, y lo que ahora, con su experiencia, podría hacer si la ciudadanía lo acompaña en su intento por ahora de buscar un escaño en el Senado el próximo año, aunque sus asesores buscan salidas legales para que pueda postular nuevamente a la presidencia, ya que en Paraguay está prohibida la reelección inmediata.

En busca de apoyo tras su destitución, Lugo, quien mantiene una muy buena relación con una parte importante del movimiento campesino, retomó en la localidad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, los “ñomongueta guasu” (“gran diálogo” en guaraní), como denominó a los mítines políticos emprendidos durante su campaña y parte de su gobierno.

A pesar de la campaña mediática en su contra, Lugo tenía una popularidad que rondaba el 40%, respaldo que podría ser capitalizado por el Frente Guasú, coalición de partidos de izquierda y de centroizquierda que formó parte de la Alianza Patriótica para el Cambio, en las elecciones de abril del 2013.

Contrariamente al objetivo, el golpe podría generar las condiciones para fortalecer a los sectores democráticos, progresistas y de izquierda que ya se han aglutinado en el recientemente conformado Frente por la Defensa de la Democracia, que rechaza y condena al gobierno de Franco y convoca a defender el proceso democrático y la institucionalidad de la República con movilizaciones permanentes.
—Noticias Aliadas.


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