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VENEZUELA
Escasez y violencia condicionan ejercicio de derechos
Valentina Oropeza
14/05/2015
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Caída de precios del petróleo y la polarización política profundizan crisis económica y política.

Lorena González sale a la calle todos los miércoles a las 5:00 am. Debe madrugar porque es el único día de la semana en el que puede comprar en Abastos Bicentenario, una de las cadenas de expendio de alimentos administrada por el Estado venezolano y que comercializa productos básicos a precios regulados, una política que estrenó el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) después del paro petrolero del 2003.

Desde principios de este año, los comercios oficiales racionan sus ventas según el último número del documento de identidad de los compradores: quienes terminen en 0 y 1 compran los lunes, 2 y 3 martes, 4 y 5 miércoles, y así sucesivamente.

El gobierno del mandatario Nicolás Maduro ordenó en marzo instalar máquinas captahuellas en las cadenas estatales de mercados y supermercados para impedir que una persona compre varias veces los mismos productos en una semana. Frente a la escasez de alimentos,  medicinas, y prácticamente cualquier producto que sea importado, el Ejecutivo venezolano sostiene que estas medidas permiten mitigar el desabastecimiento y combatir el contrabando de bienes a precios regulados hacia Colombia. Para la oposición, estas decisiones sólo buscan consolidar el control del Estado sobre el consumo de los ciudadanos.

González se apertrechó con una silla plegable, un termo grande de agua, y un carrito para cargar pollo, carne, azúcar, leche, champú y las dos bolsas de jabón para lavar la ropa que permiten adquirir en estos establecimientos. Esperó siete horas en las múltiples  filas que debió hacer para ingresar al Bicentenario, disputarse productos con otros compradores y pagar. Se fue contenta porque consiguió al menos una pieza de cada producto de su lista de compras.

“Con esta inflación el sueldo no me alcanza para comprarle a los bachaqueros”, confesó esta maestra de primaria a Noticias Aliadas en referencia a quienes revenden productos regulados con sobreprecio en Venezuela. Según la Superintendencia de Precios Justos, un paquete de 32 pañales cuesta cerca de 100 bolívares: poco más de US$15 si se calcula a 6.30 bolívares por dólar, tasa oficial a la que el gobierno importa alimentos y medicinas. En Caracas, los bachaqueros lo venden a 750 bolívares ($119), en otras ciudades del interior puede alcanzar los 1,000 bolívares (casi $159). En los pueblos cercanos a la frontera con Brasil o Colombia el mismo paquete vale 1,500 bolívares ($238).

Especulación e inflación
El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, calcula que el “bachaqueo” ha incrementado en promedio 236% el valor de los bienes en Venezuela. El año pasado se registró una inflación acumulada de 63.4% y firmas independientes de consultoría económica y financiera, como Ecoanalítica, pronostican que los precios aumentarán 200% para el cierre de este año.

Para la sociedad civil organizada, la principal preocupación es el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. En un comunicado, el no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la escasez como una violación al derecho a la alimentación porque compromete “el acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes”.

Mientras las autoridades atribuyen el desabastecimiento a una guerra económica emprendida por sectores privados contra la gestión de Maduro, los empresarios solicitan cada semana que les liquiden las divisas para pagar a los proveedores internacionales las deudas acumuladas desde hace al menos tres años. Identificar a los responsables de la escasez resulta imperativo para todos los actores políticos en Venezuela frente a las elecciones parlamentarias previstas para el segundo semestre de este año.

“No hay más dólares para ustedes. (…) Tienen miles de millones en el extranjero. ¿Por qué no se traen esa plata y la invierten en Venezuela?”, increpó Maduro el 22 de abril a los miembros de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales del país, después de que su presidente, Jorge Roig, señalara que el “único responsable de la guerra económica es quien maneja el monopolio de los dólares”. Más de una veintena de empresarios han sido encarcelados en lo que va del año, acusados de los delitos de especulación, asociación para delinquir, y acaparamiento.

La escasez se ha profundizado tras la caída en 40% del precio del barril de petróleo desde el año pasado, que desplomó los ingresos de un país que obtiene 96% de sus divisas por la venta de crudo, y que históricamente ha financiado con esa renta la importación de los bienes que se consumen internamente. Para este año, economistas independientes vaticinan que los ingresos por petróleo podrían reducirse a $35 millardos, $40 millardos menos que los percibidos el año pasado.

Violencia delincuencial y política
El Ejecutivo venezolano no publica cifras sobre muertes violentas desde el 2012, cuando el gobierno de Chávez reconoció que 16,072 personas fueron asesinadas en Venezuela durante aquel año.

Sólo el no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) se aventura a hacer estimaciones. Calcula que 24,980 ciudadanos fueron ultimados en el 2014, 223 víctimas más que las contabilizaron en el año anterior, siendo la tasa de homicidios de 82 por cada 100,000 habitantes. InSightCrime, fundación dedicada al análisis e investigación del crimen organizado en América Latina y el Caribe, ubica a Venezuela como el tercer país más violento del continente americano, después de Honduras y El Salvador.

La prensa venezolana refiere el asesinato de más de 200 policías en el 2014 a manos de delincuentes que les robaron sus armas de reglamento y motocicletas, o en enfrentamientos con bandas criminales que disparan fusiles y lanzan granadas contra los agentes que intentan apresarlos, en cualquier calle y a plena luz del día.

A la delincuencia común se suma la violencia política: la Fiscalía venezolana atribuyó 43 muertos a las protestas que se registraron contra el gobierno de Maduro entre febrero y junio del 2014. Organizaciones de defensa de derechos humanos aseguran que se registraron 157 casos de torturas a quienes fueron capturados en las revueltas y más de 3,000 detenciones arbitrarias.

Familiares de estudiantes apresados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y activistas de derechos humanos denunciaron en enero que los jóvenes son sometidos a tratos crueles en “las tumbas”, en referencia a los sótanos de la sede central del SEBIN en Caracas, que no tienen acceso a luz natural y estarían a bajas temperaturas. Sin embargo, el defensor del pueblo, Tareck William Saab, ha desmentido que los cuerpos de seguridad del Estado cometan abusos como práctica regular y respaldó la propuesta del Ministerio de la Defensa, que aún no ha sido aprobada por el Parlamento, de autorizar a que la Fuerza Armada no sólo ejerza funciones de control de orden público para contener manifestaciones, sino que además utilice armas de fuego en casos de protestas violentas, a pesar de que en el artículo 68 de la Constitución prohíbe “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

La liberación de dirigentes opositores se ha convertido en una reivindicación inobjetable para la disidencia y una concesión innegociable para el gobierno. Los casos más emblemáticos son los de Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y quien fue acusado de instigar a la violencia en las revueltas de febrero del 2014, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, capital del estado suroccidental de Táchira.. Durante la VII Cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá entre el 10 y 11 de abril, una veintena de expresidentes suscribieron una declaración para demandar la liberación de los presos políticos.

Otro debate ocupa hoy a los dirigentes que están en libertad: definir sus candidatos a las parlamentarias por primarias o por consenso. A principios de marzo, voceros de la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron que los aspirantes a 38 de 87 circunscripciones se elegirían por votación interna. Dirigentes oficialistas como Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, han cuestionado la legitimidad de esas candidaturas, al tiempo que los sectores más radicales de la oposición, encabezados hoy por la exdiputada María Corina Machado, exigen que todos los postulados sean electos en las urnas.

Frente a la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de aprobar el 9 de marzo una orden ejecutiva que sanciona a siete funcionarios del gobierno venezolano como promotores de violaciones a derechos humanos en las manifestaciones e identifica a Venezuela como una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política internacional” de EEUU, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitieron pronunciamientos llamando al diálogo entre ambos países bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, no injerencia en los asuntos internos de los Estados y evitar medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho Internacional.
—Noticias Aliadas.


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Ciudadanos deben hacer largas colas por horas para adquirir productos de primera necesidad. (Foto: Manaure Quintero)
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