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HONDURAS
Hacia el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción
Héctor Maradiaga, Jennifer Ávila
20/11/2015
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Se lanza Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad respaldada por la OEA.

En mayo del 2015 se desató una ola de indignación en Honduras, siguiéndole paso a Guatemala, a consecuencia de los escándalos de corrupción que involucraban al partido gobernante. La principal demanda ciudadana era la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de investigación financiado por las Naciones Unidas y que hizo caer al presidente Otto Pérez Molina, abriéndole a él, junto con sus principales funcionarios, un proceso judicial independiente.

Sin embargo, el gobierno hondureño presidido por Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional —organización política cuestionada por su posible involucramiento en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)—, ha presentado otro tipo de propuesta al margen de las demandas ciudadanas, apoyadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de sociedad civil financiadas por EEUU.

Se trata de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), propuesta de acompañamiento y combate a la corrupción que emergió como resultado del diálogo entre la OEA, el gobierno y la Oposición Indignada que se llevó a cabo en agosto y setiembre pasados.

Hernández dijo en la firma del acuerdo de acompañamiento con la OEA el 29 de setiembre en Washington DC, EEUU, que la MACCIH es el resultado de un proceso íntegro de diálogo y el primer paso para fortalecer la lucha contra la corrupción. A pesar de las críticas, el mandatario se comprometió, de la mano con esta propuesta, a implementar un proceso transparente de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia —que fungirán en sus cargos por los próximos siete años a partir del 2016—, y a aplicar la ley a todos por igual en el marco del combate a la corrupción e impunidad.

La MACCIH, que se instaló la primera semana de noviembre y tendrá un mandato de dos años, se coordinará bajo la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA y estará dirigida por un jurista de reconocimiento internacional quien reportará los avances a esta instancia. Además actuará en cinco áreas que comprenden la designación de un grupo de jueces y fiscales extranjeros quienes supervisarán, asesorarán y darán apoyo a los órganos de investigación y facilitarán la persecución penal por casos de corrupción para luego elaborar un diagnóstico sobre la situación del sistema de Justicia, dando paso a elaborar un Observatorio de Justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil.

Dudas sobre la MACCIH
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el respaldo de la mayoría que se asume como ciudadanía indignada. Al venir de un gobierno acusado de participar en uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, y de la OEA, cuestionada por organizaciones populares por su papel timorato que terminó avalando el golpe de Estado que dio Roberto Micheletti contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en el 2009. Ante esto, la población se pregunta si este es solo un camino dilatorio hacia las elecciones del 2018 en las que al parecer Hernández pretendería la reelección.

Acompañada por la violencia y desigualdad, Honduras vive graves casos de corrupción, expresados en el saqueo de instituciones estatales. Entre los casos más sonados de los últimos años se incluyen el Instituto de Previsión del Magisterio, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el que derramó el vaso de indignación, el IHSS con un desfalco de más de 7 millardos de lempiras, unos US$350 millones.

Según investigaciones de la Coalición de Organizaciones por la Justicia, unas 2,800 personas habrían perdido la vida por la falta de medicamentos, insumos y materiales esenciales para la atención médica a consecuencia de ese desfalco.

Miguel Briceño y Ariel Varela se encuentran entre los principales representantes de la llamada Oposición Indignada, quienes fueron convocados por la OEA para participar en el diálogo en el cual plantearon sus exigencias y también sus sugerencias.

Inicialmente existía un pequeño grado de esperanza y también expectativa sobre las orientaciones de estas instancias, pero al pasar los meses la percepción cambió y ahora los dirigentes consideran que tanto el diálogo, como las propuestas de la OEA y el gobierno, solo fueron una táctica dilatoria para desmovilizar el descontento popular.

Respecto a la MACCIH, Varela manifestó a Noticias Aliadas que “nos hemos abierto a escuchar opciones, una de ellas es la de la OEA, pero vemos muchas carencias en ellas, algunas lagunas que no nos generan confianza, además tiene un grupo de jueces y fiscales extranjeros, pero vienen a asesorar al Ministerio Público, no vienen a investigar, no vienen a actuar, como sí lo haría una CICIH. Todo eso no da credibilidad y no creemos que la propuesta sea una solución a la corrupción e impunidad”.

Otra de las representantes del movimiento es Fernanda López, quien considera que la propuesta de la OEA no tendrá poder para investigar y judicializar casos de corrupción.

“Podemos enfrentar la corrupción con una comisión internacional independiente de juristas, así como en Guatemala, que además de tener control sobre las investigaciones pueda ejercer una facultad para dar entrenamiento básico a los juristas nacionales y fortalecer la institucionalidad”, dijo a Noticias Aliadas.

Justicia independiente
Para el analista Eugenio Sosa, la propuesta de la MACCIH llegó en el momento de desmovilización de las protestas y sirvió para que el gobierno tomara control de la coyuntura. Además, señaló a Noticias Aliadas “que el rechazo de la Oposición Indignada a la MACCIH tiene que ver con una percepción de que la institucionalidad nacional es incapaz de renovarse a sí misma y por eso es que se pide una CICIH para que esta pueda actuar en el marco de una investigación y aplicación de la justicia de forma independiente”.

“Desde la perspectiva de la ciudadanía se necesita una intervención y ayuda internacional para combatir la impunidad, pues el gobierno ya no inspira confianza y por el contrario, muestra procesos viciados de combate a la corrupción”, agregó.

Pero no todos se oponen al planteamiento de la OEA y el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil como la Alianza para la Paz y la Justicia (APJ) respaldan la iniciativa a la que caracterizan como esfuerzos de combate a la corrupción.

 “Nosotros respaldamos cualquier iniciativa de combate a la corrupción, especialmente la del clamor popular de asesoría internacional”, afirmó Omar Rivera, director de la APJ, a Noticias Aliadas.

Sin embargo, precisó que “no apoyaremos propuestas que sirvan como pantalla y que no brinden resultados para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora, si el acompañamiento no tiene independencia, no habrá resultados y no habrá éxitos así como en Guatemala”,

Más allá de la CICIH, la Oposición Indignada ha presentado propuestas para combatir la corrupción, uno de ellas es la apertura de espacios democráticos que permitan la reestructuración de la institucionalidad e instaurar una nueva que sea independiente y autónoma para aplicar la ley. Además, plantea la movilización constante de la sociedad civil, de manera articulada y con estrategias coherentes.
—Noticias Aliadas.


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Ciudadanía indignada desconfía de propuesta gubernamental para hacer frente a la corrupción. (Foto: Rodolfo Sabillón)
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