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ARGENTINA
Indígenas deberán ser consultados sobre proyecto de ley
Noticias Aliadas
24/04/2017
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Fallo judicial exhorta a gobierno de Córdoba a implementar proceso de consulta previa antes de aprobarse iniciativa legislativa sobre bosques nativos.

Para los pueblos indígenas de la céntrica provincia de Córdoba, el fallo del Tribunal Superior de Justicia que les reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada, constituye “un antes y un después”.

“A partir de ahora contamos con un antecedente para el cumplimiento de nuestros derechos en una provincia especialmente adversa y hostil para nuestra lucha por seguir existiendo”, dijo a la prensa Mariela Tulián, casqui curaca (autoridad ancestral) de la Comunidad Indígena Territorial Comechingón Sanavirón Tulián de San Marcos Sierras.

El fallo, publicado el 3 de abril, responde a una acción de amparo presentada el 11 de marzo por la comunidad indígena y las organizaciones no gubernamentales Fundación Tercera Generación y la Fundación para la Defensa del Ambiente, contra la Legislatura provincial para que “se declare la nulidad del Proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba y se disponga en forma urgente como medida cautelar innovativa, la suspensión de todo tratamiento legislativo que pueda derivar en la aprobación del referido proyecto”.

De acuerdo con los demandantes, el gobierno provincial, encabezado por gobernador Juan Schiaretti, pretende modificar la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos para destinar miles de hectáreas de bosques nativos a la producción ganadera y la industria maderera. La tala de árboles, o desmonte, es causa de las periódicas inundaciones que afectan a la provincia.

Uno de los objetivos de la iniciativa provincial es promover, en el marco del ordenamiento territorial, el manejo y aprovechamiento sustentables de los bosques nativos, entendiendo como “aprovechamiento sustentable” el desmonte o cambio de uso de suelo. Además, el proyecto de ley intenta evitar la obligación establecida en la Ley 26.331 de impulsar procesos de participación ciudadana, en este caso de consultar a las poblaciones originarias sobre cualquier decisión que pueda afectar sus territorios tradicionales.

Convenio 169
Los indígenas solicitaron el proyecto de ley sea “definitivamente anulado para que el gobierno [provincial] inicie un nuevo proceso de consulta, y la elaboración de otro [proyecto de ley], ya que el proyecto desoye y contraría las normas y principios ambientales y los que protegen los derechos de las comunidades indígenas, ya que promueve prácticas que afectarán en forma negativa los escasos bosques nativos que quedan en la provincia, todo ello de manera unilateral sin cumplir con la participación de las comunidades indígenas”.

Según la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, los legisladores que elaboraron el proyecto de ley “violaron todas las normas que resguardan los derechos indígenas y la diversidad biológica, principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. El Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir el Artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la Organización Internacional del Trabajo, algo que no hicieron”.

Aunque el fallo, divulgado el 3 de abril, no admite la solicitud de nulidad del proyecto de ley, sí exhorta “a las autoridades político-electivas de la provincia de Córdoba aseguren del modo más amplio posible los presupuestos de participación ciudadana en cuanto al proyecto de que se trata”.

“Los Estados tienen cuentas históricas pendientes con los originarios”, precisó Tulián. “Ojalá que este fallo sea el puntapié inicial para comenzar a saldar estas cuentas que son muy abarcativas y complejas, y que no sólo se refieren a lo medioambiental, al derecho a proteger y administrar nuestros territorios ancestrales y sus recursos: también deben enfocarse en los derechos culturales, de acceso a los distintos niveles de educación intercultural bilingüe, a una soberanía alimentaria y de la medicina, al autogobierno y libre determinación”.

“En definitiva, el derecho al Buen Vivir como nación que somos”, concluyó la lideresa indígena. —Noticias Aliadas.


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